
Lo que comenzó como un trágico accidente en una calle cualquiera, pronto se convirtió en un escándalo judicial de grandes proporciones. Un fiscal de distrito, figura clave en el sistema penal, se ve involucrado en un atropello con consecuencias fatales. En lugar de detenerse y asumir su responsabilidad, el fiscal opta por huir del lugar, desatando una cadena de eventos que pondrá en tela de juicio la integridad de la justicia que él mismo representa.
Pocas horas después del incidente, otro hombre es detenido y acusado formalmente del crimen. La policía asegura haber encontrado pruebas que lo vinculan con el caso, pero los detalles comienzan a mostrar grietas. Testigos, tiempos contradictorios y evidencias poco claras despiertan sospechas sobre la versión oficial. A medida que los medios de comunicación y algunos sectores de la sociedad civil comienzan a investigar, emerge una inquietante posibilidad: el verdadero culpable no solo permanece libre, sino que ocupa un cargo de poder.
Este giro sacude la opinión pública y abre un debate incómodo sobre los privilegios que otorga el sistema a ciertos funcionarios. ¿Puede un fiscal utilizar su influencia para manipular una investigación? ¿Cuán profundo es el encubrimiento institucional cuando el acusado pertenece al mismo aparato judicial que debería juzgarlo?